¿Es
la pena de muerte una medida necesaria para combatir la corrupción?
¿Será oportuno recurrir al Referendo
Consultivo para la aplicación de la pena de muerte a los corruptos? Estas son
las preguntas que a diario vienen a la memoria para poder adecentar la política
criolla, que cada día está metida en el tremedal, por culpa de los
inconsecuentes con el compromiso revolucionario.
Saldrán quienes se opongan a
la pena de muerte para quienes se aprovechan de los recursos del estado, cuando
ejercen cargos públicos o los ponen en donde hay, como réplica de la vieja
conducta de los adecos y copeyanos, que se apoltronaron en cargos en
ministerios, instituciones, centralizadas y descentralizadas, para hacer rebatiñas
con los dineros que se les confiaban para la buena marcha de la administración
del gobierno.
Los que salgan a combatir
una supuesta CONSULTA POR REFERENDO para buscar contener la corrupción, se identificarán
inmediatamente como los que están de acuerdo en que se sigan robando los
dineros públicos, sin que ello traiga la consecuencia directa por tal acto,
como es el pagar con cárcel, inclusive con la muerte, como ocurre en otros
países en el mundo.
Se sabe de antemano que será
la iglesia católica la que se opondrá inmediatamente a que se imponga un
castigo ejemplar, de esa naturaleza en el territorio venezolano, pero nunca se
les escucha ninguna crítica y/o pronunciamiento sobre las tantas ejecuciones
que se hacen permanentemente en los Estados Unidos. Parece ser que para los
yanquis si es bueno que exista la pena de muerte, mientras que para estos lados del continente ni que se
les ocurra dar una opinión al respecto. La doble moral del discurso es lo que
opera en los poderes imperiales y sus lacayos.
Mientras haya caos en otros
territorios es beneficio para los Estados Unidos, porque es el medio perfecto
para justificar sus intervenciones, por ello adoctrinan para que no se tomen
las medidas que son necesarias para el control de situaciones que afectan el
buen desenvolvimiento de las sociedades. Tienen sus cómplices que justifican lo
que para el norte es bueno, pero no para el sur, porque solo ellos están
ungidos con la verdad de su “Destino manifiesto”.
La iglesia tiene experiencia
para hablar sobre este tema, porque fueron los primeros que apoyaron la muerte
de forma directa en el periodo de la Inquisición (1184 hasta 1998, cuando el
papa Juan Pablo II pide a la Iglesia reconocer los errores cometidos “por sus
hombres, en su nombre”,
Ver:
https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/santa-inquisicion_12oir8).
Durante ese tiempo sin
investigación alguna; sin dictar causa de culpabilidad, asesinaban a su antojo
a justos y pecadores; sin escrúpulo alguno; así mismo lo hicieron durante las Cruzadas
para establecer en nombre de Dios, quienes deberían morir para que se implantara
el Cristianismo como religión en los territorios que conquistaban y se anexaban
para el representante del omnipotente en la tierra. Conste, como decía un comediante,
que soy bautizado por la iglesia, pero no fanático religioso.
No contento con ello apoyaron
el genocidio más grande que haya ocurrido en la humanidad hasta el momento,
cuando con su cruz por delante acompañaron a los conquistadores que participaron
en la aniquilación de aproximadamente 100 millones de habitantes originarios
del nuevo continente, dizque descubierto por Cristóbal Colon, cuando la
realidad era que ya habían culturas como la Maya, la Azteca, la Inca, entre
otras, que tenían sus propias costumbres, tecnologías, y una cosmovisión que
les permitía vivir el día a día hacia el desarrollo de una sociedad
igualitaria.
Todo lo anteriormente dicho
obedece a que se acostumbró dejar las cosas como están por el “bien del
funcionamiento del estado”, porque se afectan intereses, que no deben ser
tocados para que subsista la sociedad de cómplices. Eso no puede ser así porque
para acabar con la corrupción, se tiene que hacer a pecho abierto, sin simulaciones,
sin maniqueísmos que afecten las buenas intenciones de la propuesta.
En lo atinente a la lucha
contra la corrupción en las tierras suramericanas, lo propuso por primera vez,
durante el proceso de emancipación, el Libertador Simón Bolívar; y en varias oportunidades se pronunció a favor
de la pena de muerte. Eso lo hacía porque tenía el conocimiento que para acabar
con la corrupción no se debía andar con blandenguerías. No le importó lo que
dijo la iglesia, ni los puritanos de su tiempo. Sabía que si no se tomaban esas
acciones la nación que pretendía construir se perdería por esa calamidad, la
cual seguiría alimentando a la oligarquía realista.
Impuso la pena de muerte en
la guerra y en la paz, la aplicó sin contemplación alguna por el bien de la
república; y cuando no lo hizo ocurrió lo que temía. Por no mandar a fusilar a Francisco
de Paula Santander, el traidor de siete suelas, se perdió el sueño de Miranda y
el suyo, de tener una gran nación que atendiera a los pueblos que bajo ella se
cobijaban para darles lo más preciado que habían conquistado los americanos del
sur, la libertad, entre otras cosas.
“El
12 de enero de 1824, el Señor General Simón Bolívar, Dictador plenipotenciario
del Perú y Presidente de Colombia decreta la pena de muerte para todos los
funcionarios públicos que hayan “malversado o tomado para sí” parte de los
fondos de la nación, medida que tomó con el fin de reducir el mal de la
corrupción en la entonces Gran Colombia”.
Ver Decretos del Libertador.
Publicaciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Tomo I (1813-1825). Pág.
283. Imprenta Nacional, Caracas, 1961.
Cinco
años antes, el 15 de febrero de 1819, en Angostura, visionario como siempre lo
fue, en su magistral discurso dijo lo siguiente:
“Sólo puede servir de
correctivo a esta debilidad, el vigor bien cimentado y más bien proporcionado a
la resistencia que necesariamente le oponen al Poder Ejecutivo el Legislativo,
el Judiciario y el pueblo de una República. Si no se ponen al alcance del
Ejecutivo todos los medios que una justa atribución le señala, cae
inevitablemente en la nulidad o en su propio abuso; quiero decir, en la muerte
del gobierno, cuyos herederos son la anarquía, la usurpación y la tiranía. Se
quiere contener la autoridad ejecutiva con restricciones y trabas; nada es más
justo; pero que se advierta que los lazos que se pretenden conservar se
fortifican, sí, más no se estrechan.
Que se fortifique,
pues, todo el sistema del gobierno, y que el equilibrio se establezca de modo
que no se pierda, y de modo que no sea su propia delicadeza una causa de
decadencia. Por lo mismo que ninguna forma de gobierno es tan débil como la
democrática, su estructura debe ser de la mayor solidez; y sus instituciones
consultarse para la estabilidad. Si no es así, contemos con que se establece un
ensayo de gobierno, y no un sistema permanente; contemos con una sociedad
díscola, tumultuaria y anárquica y no con un establecimiento social, donde
tengan su imperio la felicidad, la paz y la justicia”.
Más vigente que lo anteriormente
indicado no puede estar, por consiguiente se pretende traer al presente el
castigo ejemplar, que se aplicó durante la lucha por la independencia, para que
las instituciones y la vida de los ciudadanos transiten por un modelo de
sociedad en donde la honradez y el respeto por la cosa pública sea el primer valor
que nuestros compatriotas deban exhibir al mundo, como legado de nuestro héroe Libertador
Simón Bolívar, el Comandante Eterno Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana.
No es que se quiera
desconocer el sistema democrático que hemos ratificado en n-ésimas
oportunidades, pero si debemos tomar como una orientación lo que nos dejo para
la posteridad el Libertador. Es necesario que se le dé soporte a la
declaración, que hizo el Presidente Constitucional Nicolás Maduro, el 20 de
diciembre de 2018, de guerra contra la
corrupción en todos los niveles. No hacerlo es seguir en lo mismo: Declarar por
declarar. Las instituciones en todas sus instancias que asuman su
responsabilidad
Para ello es menester iniciar
una guerra a muerte a la corrupción. Ya el
25 de junio de 1813, en la ciudad de Trujillo, Bolívar había lanzado un
demoledor decreto para que todos supieran a que atenerse, en el momento crucial
en que la guerra necesitaba que sus hombres y mujeres supieran hacia que lado
ponerse para que se pudiera lograr el objetivo que se perseguía, que era la
independencia del poder imperial. Hoy es casi lo mismo, librarse de quienes se
llevan los recursos de la patria para uso personal, como patrimonio de una
guerra que hubieran ganado: Hacerse de los dineros de la república de la manera
más arbitraria y sin obstáculo alguno, un robo más a las arcas de la nación.
Cuestión esta que es
necesario dejar bien clara, se tiene que luchar por todos los medios posibles contra
la corrupción, venga de donde venga, hágala quien la haga. No se puede seguir
desangrando el país y que muchos alegremente se burlen del gobierno y de la revolución
en otras tierras, como lo hacen todos los días y no solo conformes con eso
tienen fija la idea de volver para gobernar. Contra eso se tiene que ir,
enfrentar, juzgar e imponerles las condenas
que se merezcan por sus actuaciones de lesa patria.
Si no se combate la
corrupción y no se hace lo que requiere con urgencia la sociedad venezolana, se
cae nuevamente en las manos de quienes son los interesados que ese mal
pernicioso persista en las entrañas de las instituciones con más saña, para aprovecharse
con suma lenidad de los recursos de la patria.
Por todo lo expuesto se
requiere que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la soberanísima por
voluntad del pueblo, someta a consulta en Referéndum, establecido en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, en sus Art. 70 y 71, que creo que no era necesario recordarlos
para no irrespetar sus funciones, pero por si acaso se les ocurre eludir la
situación con leguleyos advenedizos que se presten para evadir el pensamiento
bolivariano.
En ese sentido, me atrevo a
formular la única pregunta a hacerles a los venezolanos, que sería en los
siguientes términos:
¿Estaría
usted de acuerdo con que se establezca la pena de muerte para la corrupción, la
violación a la mujer, crímenes intencionales y traición a la patria?
Esta es una discusión que se
debe suscitar después del 10 de enero de 2019, con ponderación, sin
revanchismos, pero si con la firmeza de que hay que hacer respetar los
intereses del estado venezolano. Con ello ver si es conveniente o no que se
busque adecentar la política y las
instituciones de las que muchos vividores se aprovechan y a su vez reducir la
criminalidad, la manera en que se viola la constitución alegremente y las leyes
de la patria.
Nunca antes, con excepción de
la construcción de la nueva legalidad del país, cuando se creó la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, desde esa oportunidad hasta el
presente, se hizo necesaria la intervención de la ANC para dirimir una situación
que toca todo el sentir de la ciudadanía de esta tierra.
No hay otra manera, porque
gobierne quien gobierne ese mal está en la psiquis de muchos de los que ocupan
cargos públicos, en donde se manejan recursos; y una manera ejemplarizante de
acabar con tal flagelo es mediante la aplicación de un castigo, que no haga
posible la reincidencia. Con el ejemplo del Padre Libertador, se debe
practicar, él buscó hombres y mujeres probas, para que lo acompañaran y
aquellos que se salieran de los decretos o leyes por él establecidos se sometían
a la más inclemente sentencia, teniendo como resultado que en su tiempo nadie usufructuó
los bienes públicos.
No es nada nuevo que se proponga
la aplicación de la pena capital, ya
existe en todos los continentes y países en donde la ejecutan, por diversos
motivos o circunstancias:
África: Argelia , Botsuana, Camerún, Egipto,
Etiopía,
Ghana , Kenia , Libia, Mauritania,
Nigeria
, República
Centroafricana, Sierra Leona , Sudán del Sur
, Sudán,
Tanzania,
Túnez,
Uganda, Zambia y Zimbabue.
América: Estados
Unidos, Antigua y
Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belice, Cuba, El Salvador,
Jamaica,
Perú,
San Cristóbal
y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía,
Trinidad y
Tobago
Asia: Arabia
Saudita , Bangladés, Bahréin, Catar, Corea del
Norte, Corea del Sur,
China, Emiratos
Árabes Unidos, India, Indonesia, Irak , Irán,
Israel y Japón,
Jordania, Kazajistán,
Kuwait, Laos,
Líbano,
Myanmar,
Omán,
Pakistán,
Palestina,
Singapur,
Siria, Sri Lanka, Tailandia, Tayikistán,
Vietnam y Yemen
Oceanía: Papúa Nueva
Guinea y Tonga.
Otrosí:
Por otro lado, es
pertinente, que se legisle contra los que están destruyendo la economía del
país, puesto que con sus aptitudes de desconocer las leyes hacen ver que no existe gobierno
que controle las mafias que se han aliados con poderes extraños a nuestras
fronteras para ir minando la gobernabilidad, lo que puede desembocar en un mal
mayor si no se toman las medidas que puedan contener el desmadre a que han conducido
el proceso de comercialización en nuestro país.
Es permanente la crítica, y
con mucha razón, del pueblo, que no quiere seguir oyendo que “vamos hacer
esto, aquello y lo otro”; y se sigue con las falta de autoridad para
el control de los especuladores. Es tanto el clamor que se le escucha a los
venezolanos en la calle, que expresiones como estas llaman a preocupación: “Hace falta un Juan Vicente Gómez o Pérez
Jiménez en Venezuela para que se acabe la guachafita que tienen contra el
pueblo”. Ahí queda eso para que interpretemos en que estado de confusión se
encuentran los ciudadanos venezolanos.
Ante eso lo que se requiere
es que se legisle en el sentido de darle al pueblo la seguridad, en todos los
sentidos, para que tenga un normal desenvolvimiento de su vida cotidiana y
vuelva la esperanza de que en revolución todo es posible para el bienestar
colectivo.
Para quienes hacen la
crítica constructiva quizás sea fácil indicar por donde se debe transitar, pero
mucho más fácil es cuando la voz que aquí se expresa es la del hombre y mujer
de a pie, los que patean la calle diariamente, quienes dicen a todo pulmón que
se requiere hacer para que se tomen las medidas de control y ejecución de la
política económica, en lo micro, que es lo que directamente les afecta, y que
no hay excusas para que se encuentren en esta complicada situación, de burla de
los empresarios y comerciantes que no respetan lo que se acuerda y firma con el
gobierno.
La Oposición política
sigilosamente está drenando, por los
medios de comunicación; y utilizando a personas que de corazón no están con la
Revolución Bolivariana, a una estéril pelea de que no parece el pernil, porque
los que tienen que dar una explicación no salen a hablarle claro al pueblo.
Tanto es así que manipulan un audio y fotografía de un supuesto viceministro de
alimentación, para que la gente se arreche y salga a protestar. Cuestión esta
que el pueblo ha entendido perfectamente y se ha mantenido como lo requiere el
momento histórico que vive la patria, ante el asedio y bloqueo económico que
afecta a la mayoría de las familias venezolanas.
¡Cárcel de 10 a 15 años para
quienes tienen empresas y negocios que acaparan, boicotean y especulan con los
productos de primera necesidad que se deben vender a los venezolanos!
Omar J. Hernández B.
*
omarhdez78@gmail.com
– omarhdez78.blogspot.com
*MSC
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